La justicia ha revocado la expulsión de un trabajador por considerarlo una represalia y atentar contra su libertad de expresión.
El protagonista había testificado contra su jefe señalando ciertas irregularidades en la cúpula directiva de la empresa. La dirección argumentó que fue una decisión basada en razones económicas, pero los magistrados han concluido que su salida fue simplemente una represalia por colaborar con las autoridades y que nada tuvo que ver con razones económicas.
La empresa alegó esas "falsas" razones para despedirlo solo siete meses después de prestar declaración con la policía. Los jueces, sin embargo, rechazaron la tesis expuesta y además pusieron de relieve que las cuentas estaban saneadas y que, el rendimiento del trabajador, no había descendido.
Los magistrados argumentan que la libertad de expresión está protegido por las leyes como un derecho fundamental y por tanto, despedir a un empleado por ejercer el mismo, es una decisión que deviene nula.
En consecuencia, nuestro protagonista ha sido indemnizado con una suma de dinero importante además de recibir el salario que dejó de percibir durante varios meses. También ha sido readmitido en su puesto de trabajo por orden de la Justicia.